jorge parrondo

La reforma laboral del Gobierno de Rajoy va a servir principalmente para que las empresas españolas remplacen a los trabajadores con sueldos decentes por trabajadores submileuristas, lo cual en principio está muy bien si aplicamos la lógica microeconómica. Es decir, si yo tengo una empresa y mañana puedo ahorrar en costes laborales no dudaré un segundo en hacerlo. A corto plazo podré incrementar beneficios. Pero si todas las empresas pagan cada vez menos a sus empleados finalmente lo que sucede es que la demanda efectiva de un país se debilita hasta el punto de perjudicar a todo el sistema.

Cuando a los que ganan 800 se les pasa a pagar 600 lo que se produce es una contracción brutal de la economía. Es lo que está pasando en Grecia. Por eso este país está sumido en el peor de los capitaclismos y por eso España no tardará en estar en una situación muy parecida. En España, ya antes de la crisis las rentas salariales estaban estancadas en relación al crecimiento de la riqueza que se había producido durante los años de bonanza económica y el consecuente incremento de precios al consumo. El hecho de que a partir de ahora vayan a menguar aún más los sueldos augura un futuro dramático que posiblemente se saldará con revueltas callejeras y un incremento considerable de la represión policial.

No hay nada que hacer. El horizonte es tenebroso. Es imposible ser optimista. Solo queda seguir avanzando hacia el precipicio. No solo España, Grecia, Italia o Portugal, sino también Estados Unidos o Alemania se encaminan hacia una degradación terrible de las condiciones laborales. En Alemania ya hay un 20% de trabajadores ganando menos de 500 euros. Y en Estados Unidos apenas se crean “Mcjobs”, o sea trabajos basura. Así está el patio. La gente tendrá que trabajar cada vez más por sueldos de mera supervivencia. Esta tercermundialización del mercado laboral es el resultado de un largo proceso de globalización llevado a cabo bajo principios de libre comercio y no bajo principios de comercio justo.

Nadie ha querido mover un solo dedo para impedir que a nuestros mercados entren libremente productos fabricados por obreros que apenas ganan alrededor de 50 euros al mes. A nadie le ha importado nunca un comino que nuestras maravillosas compras low-cost se sostengan sobre la explotación de miles de chinos, camboyanos, salvadoreños, hondureños o marroquíes. Y así nos va y así seguimos, comprando alegremente ropa y ordenadores producidos por esclavos, pues no pueden ser llamados de otro modo aquellos seres humanos que se ven obligados a aceptar condiciones laborales miserables bajo el chantaje del paro y el hambre. Ahora la solución es la devaluación competitiva. ¿Para competir con quién? ¿Con los chinos? ¿Con los camboyanos? ¿Con los salvadoreños? ¿Con los hondureños? ¿Con los marroquíes? ¿Así que ésa es la solución, eh? ¿Competir a ver quién es el esclavo más eficiente? ¿A ver quién fabrica más barato? ¿A ver cuál es el infierno laboral más infame?

No solo vamos a seguir comprobando cómo cada día vale menos el factor trabajo. Además vamos a presenciar cómo caen cada día más y más pequeñas empresas familiares y cómo se descompone el Estado del Bienestar, que al fin y al cabo es el salario indirecto de las clases populares, y por supuesto vamos a ver cómo las grandes multinacionales y los grandes fondos de inversión alcanzan cifras récords de beneficios con el consiguiente incremento de las desigualdades sociales. También vamos a seguir escuchando en las tertulias de la televisión a los economistas proclamar con gran seguridad académica que lo importante es crear “clima de confianza empresarial”.  El clima que permite al capital instalarse en países donde los ciudadanos están dispuestos a partirse el lomo a cambio de cacahuetes. Y vamos a seguir también escuchando a los economistas decir que la libertad económica es el motor del progreso. La libertad para llenar los mercados de productos fabricados por trabajadores sin derechos, la libertad para especular en los casinos financieros, la libertad para comprar favores políticos, la libertad para evadir impuestos, la libertad para degradar el medio ambiente, la libertad para explotar al obrero.

Vienen tiempos aún peores. El capitalismo ha entrado en una etapa absolutamente enloquecida de la que solo se van a beneficiar las grandes multinacionales del sector productivo y los grandes fondos de inversión del sector financiero.

En una carta enviada al diario El Mundo, un ciudadano llamado Juan María Moreno decía en enero, antes de la reforma laboral: “Tengo que mantener tres trabajos y completar una semana laboral de 90 horas para llegar a fin de mes. Si yo tuviera un empleo bien remunerado habría dos personas más con trabajo. Y también habría más puestos si algunas personas no aceptaran un régimen de semiesclavitud, trabajando 60 o 70 horas a la semana para ganar un salario que les permita mantener a sus familias. Pero se supone que tengo que sentirme afortunado porque no estoy en el paro”.  El buen juicio de este señor contrasta con la insensatez y la desvergüenza de la tecnocracia económica que gobierna el mundo y que está abducida por el fundamentalismo de la competitividad, ideología tóxica y ridícula que no solo nos lleva a vendarnos los ojos ante la explotación humana sino también a olvidar que muchos países cuyas exportaciones nunca han pasado del 20% del PIB han podido prosperar perfectamente gracias a la fortaleza del consumo interno.

La economía clásica tiene en su base fundacional un grave problema y es dar por hecho que el paro sube cuando no se pueden bajar los salarios. Por eso los economistas liberales están en contra del salario mínimo. Creen que si los ciudadanos ofrecen su trabajo a un precio más bajo desaparecerá el desempleo. Keynes demostró que esta idea es aberrante porque genera un bucle de contracción progresiva de la economía. Por eso la devaluación competitiva solo conseguirá que la Gran Crisis haga todavía más estragos. Los empresarios, a su vez, se aferran a la lógica microeconómica y pretenden que los gobiernos sigan haciendo reformas para que los trabajadores continúen perdiendo no solo poder adquisitivo sino también derechos sindicales. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, ya ha manifestado abiertamente que el próximo objetivo de Mariano Rajoy debería de incluir un recorte del derecho de huelga.

Durante la Gran Depresión, el economista polaco Michael Kalecki observó que las grandes empresas se oponían sistemáticamente al incremento del gasto público, incluso aunque ese gasto público fuera empleado en inversiones eficientes. “¿Por qué no aceptan gustosos el auge artificial que el Gobierno puede ofrecerles?, se preguntó Kalecki.  “Porque bajo un régimen de pleno empleo permanente, el despido dejaría de desempeñar su papel como medida disciplinaria. La posición social del jefe se minaría, y la seguridad en sí misma y la conciencia de clase de la clase trabajadora aumentarían. Es cierto que las ganancias serían mayores bajo un régimen de pleno empleo que su promedio bajo el laissez-faire,  e incluso el aumento de salarios resultante del mayor poder de negociación de los trabajadores tenderá menos a reducir las ganancias que a aumentar los precios, de modo que sólo perjudicará los intereses de los rentistas. Pero los dirigentes empresariales aprecian más la disciplina en las fábricas que los beneficios”.

Bajar salarios no va a servir para solucionar el problema del desempleo. Al revés, va a servir para empeorarlo. Pero los empresarios siguen queriendo mantener su posición de poder sobre los trabajadores y van a aprovechar esta crisis para seguir empobreciendo a la clase obrera. La rebaja de sueldos no hará más que reducir el consumo y eso también significará menos impuestos para el Estado, que entonces tendrá que afrontar nuevos recortes que a su vez contraerán más la economía. Lo más paradójico de esta absurda y destructiva bola de nieve es que terminará perjudicando a muchos de los propios empresarios miembros de la CEOE pues la falta de demanda efectiva y la contracción general de la economía provocará la fatal explosión de cientos de quiebras y concursos de acreedores. Después de todo, el capitalismo salvaje tiende a ser víctima de sus propias contradicciones y el caso de Grecia es muy significativo en este aspecto. Desde que se han aplicado recortes y bajadas salariales, la contracción de su economía ha sido espectacularmente dramática. Sin embargo, como ocurre en España, las organizaciones empresariales han sido las que más presión han ejercido sobre el Gobierno para llevar a cabo reformas encaminadas a la bajada de salarios.

No necesitamos más libre comercio sino políticas arancelarias sobre todos aquellos productos fabricados en países donde no existen los derechos laborales. No necesitamos más liberalizaciones económicas sino más proteccionismo para erradicar la explotación laboral, para proteger el trabajo y el medio ambiente, para mejorar los salarios, para acabar con los paraísos fiscales, para poner en orden a los casinos financieros, y para salir de esta infernal espiral de devaluación competitiva que pretende convertirnos en esclavos. Pero los ministros de economía se han convertido en los chicos de los recados. Ya solo saben hacer los deberes. Puede que el necesario cambio político que seguramente se producirá en las próximas elecciones presidenciales de Francia y Alemania signifique un punto de inflexión en tan lamentable camino hacia el desastre. Solo una vez superada la era Sarkozy-Merkel podremos al menos en Europa abrigar alguna esperanza de que finalmente reine el sentido común aunque mucho me temo que la tecnocracia se ha asentado en el poder independientemente de quién gobierne y va a seguir imponiéndonos sus insensatas condiciones.

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Comprar una licencia de taxi en Nueva York cuesta un millón de dólares. Lo mismo que un piso de lujo en el centro de Manhattan. A día de hoy se trata de una inversión más sólida que la vivienda, el oro, el petróleo, los bonos o las acciones, según explica Graham Hodges, autor de “Taxi”, libro que con gran profusión de datos aborda las peculiaridades de este negocio.

Desde que se concedieron las primeras licencias de taxis en Nueva York, en 1937, a un coste de 10 dólares, su precio ha ido aumentando a un ritmo medio del 15% anual. Por eso hay gente que en su día se forró como Leon Murstein, un inmigrante argentino que llegó a acumular un total de 500 licencias. Su nieto, Andrew Murstein, conserva aún 300 de ellas pero no quiere venderlas si bien de hacerlo ganaría 300 millones de dólares. A. Murstein sabe que el valor de las licencias de taxi que heredó de su abuelo seguirá subiendo. Además, alquilándolas sin necesidad de venderlas ya obtiene altísimos rendimientos.

En la ciudad de Nueva York hay 13.237 licencias de taxi vigentes. Como solo muy de vez en cuando salen a subasta pública, su escasez artificial hace que su precio no pare de subir. De este modo en este negocio se han formado dos castas con rentas cada día más desiguales, la de quienes poseen las licencias y las de quienes trabajan los taxis. El propio Graham Hodges fue taxista a principios de los setenta y recuerda que entonces los estudiantes universitarios podían ganarse un dinero extra más que decente haciendo este trabajo. Lo normal en aquella época era repartir al 50% los beneficios entre el taxista y el dueño de la licencia. Ahora en cambio lo poco que ganan los currantes del sector contrasta con los desorbitados alquileres que perciben los titulares de las licencias.

En muchas ciudades europeas, el que tenía una licencia de taxi estaba obligado a trabajarlo si quería sacarle rendimiento pues tenía prohibido alquilarlo a nadie. Ahora todo eso es diferente y si bien la disparidad de renta entre propietarios de licencias y trabajadores no son tan exageradas como en Nueva York, la tendencia generalizada en casi todas partes es permitir la explotación laboral que predomina en este sector por culpa de la posición preponderante que han adquirido los viejos licenciatarios.

Las licencias son privilegios concedidos por el Estado a una serie de ciudadanos en exclusividad y en detrimento de otros con objeto de operar en los mercados. Es verdad que hay oficios que pueden ser ejercidos sin necesidad de ninguna licencia y es verdad también que los permisos para emitir contenidos como los que se conceden a los canales de radio o televisión son impensables en Internet (de momento), pero eso no significa que cualquier actividad económica deba ajustarse a parámetros de liberalización absoluta. Sería por ejemplo un desastre social mayúsculo permitir a cualquiera dedicarse libremente a hacer operaciones quirúrgicas o a construir puentes o carreteras.

En el sector que nos ocupa, nadie quisiera salir a la calle, levantar la mano, parar un taxi y montarse en un coche hecho polvo conducido por un indocumentado. Así que el negocio del taxi necesita estar primeramente regulado por un sistema correcto de leyes de circulación. Además hacen falta licencias de conducir y permisos de revisión mecánica que garanticen el buen estado de los vehículos que circulan por las vías públicas. Y encima de todo eso también es necesario un sistema adicional de controles municipales con objeto de evitar que las calles de las ciudades se vean saturadas de taxis.

Los gobiernos incurren en nepotismos y corruptelas que hay que erradicar en lo posible pero muchos sectores industriales en caso de ser desregulados y entregados por el Estado al fundamentalismo de la competencia abierta no solo producirían caos social sino que caerían en el poder de mafias que impondrían su propio sistema de cuotas. Sin una autoridad competente reguladora de mercados y emisora de licencias operativas, las actividades económicas acaban siempre controladas por otro poder mucho peor que el del Estado, el poder privado de los cárteles de gánsteres y estafadores. Es el caso, por ejemplo, de los mercados de la droga, de la prostitución y de los derivados de productos financieros. Lo importante no es discutir sobre si se debe liberalizar o no la economía. Cada actividad requiere de una regulación concreta. Lo mismo pasa con los permisos que con los aranceles estatales. Sobra el debate sobre si se debe ser librecambista o proteccionista de forma genérica pues se será librecambista o proteccionista dependiendo de cada situación.  

Cuando el Estado agobia a los ciudadanos con costosos y tediosos procesos burocráticos de concesión de licencias de apertura de negocios los ciudadanos tienen que rebelarse. Pero liberalizar la economía no siempre es una buena idea. Es más, a veces es una idea completamente descabellada. “La tierra es para quien la trabaja”, han gritado muchas veces los campesinos y convendría decir lo mismo del taxi. No es verdad que las actividades económicas funcionen mejor cuanto menos mete en ella sus narices el Estado. El capitalismo muchas veces no necesita menos sino más regulación para acabar entre otras cosas con las espirales especulativas y concretamente en el negocio del taxi lo que falla no es la esencia del sistema de concesión de licencias estatales sino la ausencia de normas adecuadas que sirvan para combatir las ventajas injustas que los titulares de esas licencias obtuvieron entre otras cosas gracias a leyes supuestamente liberalizadoras que lejos de liberalizar el sector no sirvieron más que para alimentar la explotación de los trabajadores del taxi.

Los taxistas romanos se han unido al movimiento de los “indignatti” y han decidido hacer huelga y realizar manifestaciones por el aumento de las licencias en la capital de Italia, que van a pasar de la noche a la mañana de 7.500 a 15.000. Algunos de los titulares de estas licencias consiguieron comprarlas en los últimos años con los esforzados ahorros del fruto de su trabajo. La mayoría de ellos no son explotadores pues trabajan sus propios taxis de modo que duplicar de pronto el número de licencias, como va a hacer el tecnogobierno italiano, es perjudicarlos sin llegar a hacer nada parecido a liberalizar el mercado. Liberalizarlo sería eliminar completamente el sistema de reglamentaciones gremiales y acabar con los intereses creados de los antiguos tenedores de licencias.

“El objetivo es estimular la economía y combatir las ventajas injustas”, ha dicho Corrado Passera, ministro de Industria italiano a quien los taxistas indignados han dedicado estos días jocosas pancartas aludiendo al significado de su apellido en jerga callejera. El señor Passera también quiere liberalizar el negocio de los notarios. Otro día hablamos de ellos porque ganan sueldos muy superiores a los de la media gracias al sobreproteccionismo del que siempre han disfrutado. Pero que estos profesionales estén sobreprotegidos no significa que haya que desproteger aún más a los sectores subprotegidos. Son numerosos los taxistas que trabajan en Roma y en tantas otras ciudades de todo el mundo haciendo turnos inhumanos de 12 y hasta 14 horas para ganar emolumentos precarios. Así que lo que ellos necesitan no son exactamente clases tecnoeconómicas de “liberalizzazione” sino marcos normativos específicos para su sector en función a principios de justicia económica.

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Keynes era en el fondo más filósofo que economista por lo cual encontramos en su pensamiento todo eso de los espíritus animales, las trampas de liquidez y otras cuestiones relacionadas con los componentes más imprevisibles de la conducta humana. Keynes creía que había que imponer sanciones a los superávits pues no siempre estos son buenos para la sociedad. También dijo Keynes que las crisis del capitalismo no responden a leyes o ciclos racionales. Así que en Keynes lo que hay es demasiada contraeconomía como para ser aceptado sin más por la ciencia económica. De ahí que las universidades le terminaran relegando a un segundo plano a partir de los años setenta, cuando la revolución neoliberal puso de moda no solo el monetarismo friedmanita sino las teorías científicas sobre mercados eficientes. Entonces la prioridad para los estudiantes de la materia pasó a ser aprender a predecir y ajustar el flujo de dinero que entra en el sistema.

Surgió así una generación de tecnócratas mayormente convencidos de que los gobiernos pueden tomar decisiones perfectas en función a modelos de algoritmos matemáticos. Hasta el estado idílico del más allá de todo prejuicio político debemos por tanto creer que han accedido por esta vía, entre otros, Robert C. Merton y Myron Scholes, premiados con el premio Nobel de 1997 por sus métodos para determinar el valor de los productos financieros, así como Cristopher Simms y Thomas Sargent, también premiados con el Nobel justamente el año pasado por incorporar a sus modelos macro los llamados “vectores autoregresivos”, supuestamente tan maravillosos como para convertir variables de conducta humana en variables matemáticas. Los dos son, a su vez, discípulos de Robert Lucas, otro Nobel (1995), probablemente el más influyente de entre los economistas que han llevado al campo de la macroeconomía las teorías de mercados eficientes.

“Tecnócrata” significa “el que sabe lo que hace” así que se supone que estamos en buenas manos. Son expertos y entienden de modelos matemáticos y trabajan con informes que se acercan a lo exacto. Sin embargo lo cierto es que los estudios de Merton y Scholes quedaron en evidencia, a nivel micro, cuando en 1998 Long Term Capital Management se fue a la ruina. También quedaron en evidencia los vectores regresivos de Simms y Sargent a nivel macro cuando el Fondo Monetario Internacional recomendó a los gobiernos latinoamericanos hacer políticas neoliberales en base a sus modelos de mercados eficientes, políticas que a la postre resultaron un fiasco absoluto. A pesar de todo ello, Robert Lucas reconoció entre los principales avances de la ciencia económica moderna a estos modelos matemáticos “que han permitido que el problema de las depresiones económicas haya quedado resuelto”. Poco después estalló la Gran Crisis.

Robert Lucas estuvo a finales de 2010 en Madrid dando una conferencia y en vez de pedir disculpas no solo por haber estado equivocado sino por haber sido tan arrogante como para dar por solucionado el tema de las crisis del capitalismo, prefirió aventurar que “los gobiernos van a cometer todo tipo de locuras como en los años 30, cuando prolongaron la depresión. Castigarán a los empresarios, les utilizarán como chivos expiatorios, les subirán los impuestos y saquearán sus activos.” Y el gran gurú de toda una generación de tecnócratas de la economía aprovechó esta visita madrileña para concluir diciendo algo tan poco científico y tan sospechosamente ideologizado como que “los empresarios se encuentran en un entorno hostil para ganar dinero y por eso están siendo muy precavidos, no invierten”.

La economía vestida de matemática es la tecnocracia que gobierna el mundo y es el arte de la política disfrazada, de todo lo cual ya advirtió  hace unos cuantos años Jacques Sapir en “Economistas contra la democracia”, donde afirmaba que “las políticas económicas han sido secuestradas por bandas de tecnócratas que se escudan en supuestas leyes inmutables. Es una conjura destinada a lesionar gravemente las democracias, ya que estos círculos económicos actúan por su cuenta y riesgo y al margen de todo control político, usurpando espacios políticos con el argumento de que son expertos.”

Las evidencias demuestran que los tecnócratas económicos, con todos sus Nobel, no ha hecho más que fomentar el caos social, aunque siguen sin embargo casi todos ellos empeñados en dirigir el timón de la nave. Es inevitable que en cuestión de tiempo los ciudadanos pongan seriamente en entredicho su credibilidad. La ciencia económica ha sido a menudo criticada por ser completamente insensible al dolor, la indignación, la explotación, la alienación o la marginación humana, pero es que encima tiende a incurrir en el gravísimo fraude de presentar como verdades universales lo que no son más que simples conjeturas.

Cristopher Simms aseguró en la rueda de prensa convocada con motivo de la obtención del premio Nobel del pasado año que “solo somos unos empollones que miran números y tratan de entender qué pasa”. Bueno. Vamos mejorando. Por lo menos empiezan a dejar caer que no tienen ni puta idea. También empiezan en cierto modo a reconocer que Keynes no estaba equivocado. Después de todo, los números jamás podrán explicar ninguna crisis del sistema pues las grandes cuestiones macroeconómicas dependen de variables psicológicas como la motivación o la confianza y responden a comportamientos humanos a veces ilógicos, sobre todo en momentos de shock.

José Luis Sampedro es economista pero se puso a escribir novelas hace ya muchos años antes que apuntarse a la moda de los vectores regresivos y las cópulas gaussianas, de cuya ayuda no necesita para llegar a la sabia conclusión de que “los economistas se dividen en dos, los que hacen más ricos a los ricos y los que hacen menos pobres a los pobres. Buena parte de lo que está pasando hoy tienen la culpa los primeros”. Desgraciadamente cuenta Albert Recio, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, en “Cuaderno de depresión (V)” que “la crisis, lejos de obligar a una revisión en profundidad del modelo, ha servido para todo lo contrario. Uno, habituado a trabajar en una Facultad de Economía, se pregunta cuál sería el ambiente que se viviría si estuviera en cualquier centro de investigación médica o en un gran hospital cuando se estuviera expandiendo una enfermedad mortal y ni los conocimientos al uso ni los remedios aplicados sirvieran para atajarla. Uno esperaría encontrar un gran clima de desazón, de debate, de trabajo para encontrar alternativas no exploradas anteriormente…. Muy diferente al clima de mi facultad (me temo que el de todas), donde todo sigue como si el diluvio ocurriera en otro planeta, donde se sigue explicando el mismo modelo ideal y se siguen dando cheques en blanco a los tecnócratas de siempre”.

Eso mismo creen los estudiantes de Harvard que el pasado mes de noviembre tomaron la decisión de retirarse en bloque de la cátedra de Introducción a la Economía, a cuyo cargo se encuentra Gregory Mankiw, autor de uno de los libros de texto más utilizados por los futuros economistas de todo el mundo. Al tiempo que se sumaban al movimiento de indignados de Occupy Wall Street, estos estudiantes rebeldes decidieron comunicarle por escrito a su profesor que no estaban dispuestos a seguir participando del “vacío intelectual y la corrupción moral de gran parte del mundo académico, cómplice por acción u omisión de la actual crisis económica.”

Bernard Maris, profesor de economía y articulista de Le Monde y Le Nouvel Observateur, se olió la trampa hace ya muchos años, cuando escribió esta acertada parrafada sobre sus colegas: “Sus pomposos discursos, explicaciones contradictorias, repentinos cambios de ideas y tecnicismos incomprensibles no pueden ocultar el hecho de que se equivocan y arrastran a equivocarse a sociedades enteras. Si la economía es la ciencia que solo sabe hablar de confianza, entonces el más grande economista es Freud. Si la economía es una religión, entonces el mejor economista seguirá siendo el Papa. Si la economía es solo cine y parloteo, entonces una buena cantidad de periodistas puede codiciar la palma de oro”.

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La dictadura de los mercados es una dictadura implacable. Tanto que ni siquiera estamos del todo seguros de que sea una dictadura. Solo lo sospechamos. Y es que los mercados son tan complicados que todavía no acertamos a comprender sus mecanismos de funcionamiento. Los expertos tampoco parecen estar en condiciones de sacarnos de dudas teniendo en cuenta que la ciencia económica se ha convertido en una novela de detectives sin desenlace. Hay sospechosos (según las pesquisas de cada economista/detective) pero aún no podemos declarar oficialmente culpables a los supuestos malvados del extraño delito macroeconómico que algunos llaman la “Gran Recesión”. A mí me gusta más la “Gran Crisis” porque es evidente que el grave trance por el que estamos pasando salpica no solo a la economía sino a la política y a toda la sociedad.

Esto no es una simple recesión. Esto es un largo y deprimente temblor de tierra de la civilización occidental en toda regla. Esto es la Gran Crisis y en medio de tan intrigante película catastrófica es de agradecer que El Follonero, en su último e indispensable reportaje de la temporada 2011, “Miedocracia”, haya vuelto a dar una lección de inteligente periodismo televisivo, desvelando interesantes detalles del errático funcionamiento de los mercados financieros. Lo ha hecho en compañía de un peculiar personaje llamado Josef Ajram, broker de look e ideas contraculturales capaz de explicar perfectamente cómo las entidades financieras en vez de prestar dinero a las personas o a las pequeñas y medianas empresas prefieren alimentar el gran negocio de la especulación con el que unos cuantos intermediarios están forrándose a costa de generar altas cotas de inseguridad social.

Los mercados tienen vía libre para apostar contra la estabilidad de los países a base de operaciones especulativas digitales de alta frecuencia, nos cuenta Ajram en el reportaje del Follonero, con el agravante de que muchos intermediarios financieros se dedican a engordar rumores sobre la potencial insolvencia de los estados. Como entender todo este embrollo no es nada sencillo, a Josef Ajran se le ocurre llevarse al Follonero a una lonja de pescado donde comprobamos en primer lugar cómo quienes califican la calidad del producto tienen un poder extraordinario para determinar los precios de compra-venta. Así pues, la certificación de calidad de la mercancía depende del criterio subjetivo del calificador, de modo que los precios no son nunca resultado exclusivo del natural cruce de equilibrio entre la oferta y la demanda sino también de factores ajenos a la interactuación espontánea entre compradores y vendedores.

Comprar lo más barato posible para vender lo más caro posible ya es por sí sola una acción humana distorsionadora de precios pero cuando a los intermediarios les permiten comerciar libremente con complejos productos financieros estructurados no es de extrañar que los mercados se conviertan en lonjas tóxicas y enloquecidas. En tiempos cibernéticos de operaciones especulativas digitales de alta frecuencia, los productos financieros tienen encima una especial característica que los diferencia del pescado y es que hoy día los intermediarios están en condiciones de adulterar en cuestión de segundos y a golpe de clic de ordenador el valor de las acciones corporativas o el interés de los bonos soberanos.

En el origen de la Gran Crisis están todos esos créditos “ninja” o basura destinados a financiar hipotecas de alto riesgo o “subprime”. Sin embargo, el problema de fondo no es que los bancos subestimaran los riesgos de impago de quienes contrajeron deudas. El problema de fondo es que los vendedores y revendedores de derivados fueron inflando la burbuja de una falsa riqueza que no estaba respaldada por valores sólidos. El desarrollo desregulado de la ingeniería financiera permitió de este modo la proliferación de toda clase de productos diseñados para el enriquecimiento rápido de unos cuantos especuladores. Por algo a Warren Buffett, ya antes del estallido de la crisis, se le ocurrió calificar a los credit-default-swaps como “armas de destrucción masiva”.

Fondos de inversión como Bridgewater, Brevan Howard, Winton Capital o BlueCrest están estos días enriqueciéndose de forma escandalosa con la Gran Crisis por medio de estrategias bajistas que permiten la obtención de altos beneficios apostando a la caída del valor de acciones, bonos, derivados, o materias primas. Ya alcanzaron extraordinarios beneficios justo antes de que en 2007 colaboraran a envenenar el sistema financiero con el desparrame global de sus activos más tóxicos. Su lema bien podría ser “a río revuelto, ganancia de especuladores”, pero lo peor de todo es que ningún gobierno está haciendo nada por pararles los pies ahora que siguen sacando rendimientos obscenos de la crisis de la deuda soberana de la eurozona.

Muchas de las operaciones y productos financieros que están sembrando el caos con toda la libertad del mundo tendrían que estar no solo regulados sino prohibidos, pero a los mercados financieros internacionales no hay político que se atreva a meterles mano teniendo en cuenta que los grandes fondos y bancos de inversión han tomado descaradamente las riendas del poder. Especialmente Goldman Sachs no deja de extender sus tentáculos por todo el espectro político y en muchos medios anglosajones este banco de inversión ha sido bautizado como “the vampire squid” (“el pulpo vampiro”). Al frente del Banco Mundial está Robert Zoellick, el director del Fondo Monetario Internacional para Europa hasta hace poco era Antonio Borges, y en el Banco Central Europeo quien manda es Mario Draghi. Todos ellos vienen de ocupar puestos destacados en Goldman Sachs.

A pesar de haber amasado ganancias récords apostando contra la solvencia de activos que antes había vendido a sus propios clientes, GS colocó a muchos de sus chicos en la Administración Bush y luego en la Administración Obama. Son tantos que mejor dejo aquí este enlace con la lista completa del personal del “pulpo vampiro” que ha terminado trabajando en la última década para el gobierno de los Estados Unidos y de entre los cuales destacan los nombres de Robert Rubin, Timothy Geithner, Henry Paulson, Larry Summers, Peter Orszag, y Rahm Emmanuel, o sea los peces más gordos de los gabinetes de Bush y de Obama.

Además, los flamantes presidentes de Grecia e Italia, Lukas Papademos y Mario Monti, también trabajaron para Goldman Sachs. Ambos se están encargando de llevar a cabo ajustes neoliberales al gusto de los mercados financieros, mientras en el Banco Central Europeo el mencionado Mario Draghi no deja de hacerle favores a los fondos y bancos de inversión, concediéndoles préstamos sin intereses para que estos hagan juego con la crisis de deuda soberana.

Las políticas macroeconómicas vienen a ser asuntos complejos y discutibles pues nadie tiene la verdad universal sobre la mejor forma de gestionar el misterio/ministerio de Economía pero pedir sacrificios a los ciudadanos mientras las operaciones de los especuladores continúan sin ser debidamente reguladas y permitir que la riqueza fluya hacia la economía de la especulación en vez de fluir hacia la economía productiva o hacia la economía solidaria solo se explica porque las democracias capitalistas han sufrido un golpe de Estado que está siendo ejecutado por los mismos tecnócratas que justificaron la desregulación financiera que dio origen a esta crisis y que ahora exigen responsabilidad, rigor y disciplina fiscal a los gobiernos, cuando resulta que para los fondos de inversión y demás agentes financieros sigue sin haber exigencia alguna de responsabilidad, rigor y disciplina.

Alessio Rastani, otro peculiar broker financiero, no es que tuviera un ataque de protagonismo o de demencia cuando manifestó en esta impactante entrevista a la BBC que la Gran Crisis está convirtiendo en supermillonarios a los intermediarios más buitres. Rastani opera en la City de Londres y recordó cómo durante la Gran Depresión de los años treinta pasó algo muy parecido. Hubo quien se forró a costa de la desestabilización del sistema y ahora estamos en las mismas. El problema es gravísimo porque quienes manejan las finanzas no están pensando en solucionar las disfunciones del mercado para sacar al mundo de la crisis sino que solo están pensando en enriquecerse. “Si sabes lo que hay que hacer, puedes ganar un montón de dinero”, manifiesta Rastani antes de concluir asegurando que “éste no es el momento de confiar en que los gobiernos van a arreglar las cosas. Ellos no gobiernan el mundo. Goldman Sachs gobierna el mundo”.

Ya con la caída de Lehman Brothers en 2007 fueron más que sospechosos aquellos rescates bancarios con los que los gobiernos de Europa y Estados Unidos dieron el espaldarazo público justamente a quienes se habían encargado de intoxicar el sistema financiero. Y esos rescates dejaron tambaleando los mismos presupuestos públicos que ahora son objeto de especulación, lo cual da para pensar que efectivamente aquí hay crímenes económicos que están quedando impunes seguramente porque quienes realmente mandan no son los políticos que salen de las urnas.

Así que no es necesario ser un indignado o un marxista o un antisistema o un conspiranoico para definitivamente creer que en todo este lío hay gato encerrado y por eso Alejandro Inurrieta, economista no especialmente heterodoxo y que formó parte del gabinete económico de Zapatero, tampoco tiene problema en reconocerlo: “No es exagerado hablar de una dictadura financiera disfrazada”. Eso sí, seguramente seguiremos sin saber exactamente qué es eso de la dictadura de los mercados como seguiremos sin estar muy seguros de que un pescado tenga algo que ver con un credit-default-swap.

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2011 ha sido en Europa el año en que finalmente prendió la mecha de la protesta social por el agravamiento de una ya larga crisis económica que no tiene visos de poder solucionarse a corto plazo. Las recetas neoliberales están lejos de funcionar y la progresía de salón continúa justificando el empobrecimiento paulatino de las clases trabajadoras. Así que los ciudadanos europeos tienen cada día más razones para sentirse seriamente indignados, especialmente después de comprobar cómo el poder político en la UE ha pasado descaradamente a manos de los llamados “tecnócratas”, o sea a manos de los economistas y financieros neoliberales vinculados con los mismos fondos depredadores de inversión que provocaron la Gran Crisis.

El año termina con Angela Merkel y Nicolas Sarkozy pronunciando ridículos discursos de salvación del euro y proponiendo más austeridad fiscal. “Trabajo, esfuerzo y rigor en el gasto” es la fórmula mágica que este fin de semana ha lanzado el presidente francés como remedio a la crisis. El error de Sarkozy es el mismo de la canciller alemana y de los mencionados tecnócratas que han tomado el poder en Grecia o Italia saltándose el proceso democrático. Es también el mismo error que está cometiendo Artur Mas en el gobierno de Cataluña o María Dolores de Cospedal en el de Castilla-La Mancha. Y es el error en el que muy pronto incurrirá Mariano Rajoy en el gobierno de España y es también el error en el que lleva ya más de un año cayendo David Cameron en el Reino Unido. Olvidan todos ellos que no es el crecimiento de la riqueza sino su deficiente e injusta distribución lo que está llevando a gran parte del orbe capitalista al borde del cataclismo como olvidan todos ellos que la austeridad fiscal implica el incremento del desempleo, así como del trabajo precario y la desigualdad social.

Los datos con los que termina el año son estremecedores. Casi 25 millones de personas están sin trabajo en la Unión Europea, donde España arroja las peores cifras en este apartado. El 21% de la población activa española está en el paro y lo peor de todo es que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la tasa de desempleo seguirá aumentando durante 2012 hasta alcanzar el 23%, con el agravante de que miles de personas se quedarán muy pronto sin percibir ayuda alguna del Estado. La situación en España no puede ser más deprimente debido no solo a la desastrosa situación económica del país sino a los frecuentes casos de corrupción política a los que lamentablemente tan acostumbrada a estas alturas está ya la ciudadanía.

Los Estados Unidos, por su parte, cierran el año con datos ligeramente positivos en cuanto a creación de empleo pero su comportamiento económico tiene toda la pinta de estar condenado a un depresivo y largo estancamiento porque la brecha entre ricos y pobres no deja de ensancharse a pasos agigantados. Y al igual que ocurre en Europa, el descontento social sigue en aumento y los ciudadanos estadounidenses van a tener que seguir echándose a la calle para mostrar su indignación con un sistema democrático que lleva años entregado descaradamente a los intereses corporativos y financieros.

Según datos de la ONU, el PIB chino se desacelerará un poco durante 2012 pero seguirá progresando a un ritmo cercano al 9%. Lo mismo pasará con India, cuyo incremento de la productividad para el año entrante se situará en torno al 7.7%. Sin embargo, lo mismo en India que en China, el fuerte crecimiento económico de los últimos años apenas ha significado mejoras muy limitadas para sus ciudadanos. Según el índice de desarrollo humano de la ONU que mide la calidad de vida en términos de ingresos, escolaridad, expectativa de vida, y otros factores, China ocupa el lugar 101 entre 187 países, con un índice de 0,687. Los datos de la ONU demuestran que el crecimiento en términos económicos del Gran Dragón no está directamente relacionado con el bienestar social de su ciudadanía debido a las lamentables condiciones de esclavitud laboral en las que está obligada a trabajar la clase obrera china.

En medio de este panorama mundial, Japón empieza a levantar cabeza y para fines de año rondará el 2% de incremento del PIB. Algo superior será el crecimiento económico de Australia, que no ha dejado de gozar de muy buena salud durante todos estos años. Mientras los Estados Unidos continúan degradándose como destino de progreso para la inmigración, la consolidación del sueño australiano no deja de ser una estupenda noticia. Australia está verdaderamente en condiciones de convertirse en la California del siglo XXI teniendo en cuenta que la fortaleza de su economía pasa por altos salarios en todos los sectores industriales, así como por tasas de paro muy reducidas. También es importante destacar el buen hacer de los países escandinavos, con crecimientos económicos en 2011 cercanos al 4% en el caso de Suecia. Y aunque los medios neoliberales siguen camuflando cifras y obviando evidencias históricas, vienen siendo justamente las economías con mayores cargas impositivas a las rentas y plusvalías más altas las que presentan mejores síntomas de crecimiento, lo cual deja una vez más en evidencia a quienes se empeñan en identificar las políticas sociales de redistribución de rentas con el empobrecimiento de las naciones.

El año también concluye con buenas noticias para América Latina, agrupada en torno a una nueva y prometedora asociación trasnacional, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), fundada con el noble objetivo de alcanzar la justicia social y económica para toda la región. Los líderes políticos de la mayoría de las naciones que componen la CELAC han surgido de movimientos obreros y campesinos y son conscientes de que la prosperidad de Latinoamérica pasa por romper definitivamente con las imposiciones neoliberales de organismos como el Fondo Monetario Internacional, que durante décadas mantuvieron a los ciudadanos en la pobreza mientras las multinacionales y las oligarquías locales explotaban a las clases trabajadoras y saqueaban los recursos naturales públicos.

Según el “Panorama Social de América Latina 2011″, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el despegue económico de muchos de estos países empieza a arrojar noticias muy positivas, reduciéndose poco a poco el índice de pobreza en todo el continente. Las cifras de crecimiento durante el año que termina han sido especialmente sólidos para Brasil, Argentina, Perú, Chile, y Paraguay, cuyos incrementos de PIB a finales de año superarán en todos los casos el 5%. Las perspectivas para el año 2012 son incluso mejores, pero como dijo hace unos días la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, “no se puede progresar económicamente sin redistribuir la riqueza”, y desgraciadamente en casi todos los países latinoamericanos los salarios no están creciendo ni mucho menos como tendrían que hacerlo en relación al crecimiento de la productividad. Además, al margen de los bajos salarios, la corrupción política parece ser un mal endémico en toda la zona. Por eso Latinoamérica siempre ha sido la eterna esperanza frustrada. Puede que lo siga siendo. También puede que finalmente haya llegado la hora de su renacimiento económico, social y cultural.

La debacle histórica del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones del 20-N es resultado del largo proceso de degradación iniciado por la izquierda hace ya varias décadas. Por otra parte, la Gran Crisis es precisamente la culminación del entreguismo de los partidos socialistas a los poderes financieros. Por eso a los parados y trabajadores precarios no les queda más remedio que echarse a la calle para reclamar justicia económica. En realidad, los partidos mayoritarios de izquierdas hace ya muchos años que dejaron de preocuparse por la defensa de los derechos de los trabajadores y hoy día están completamente aburguesados, hasta el punto de acometer políticas económicas antisociales.

Los líderes políticos que supuestamente tendrían que estar luchando contra la explotación y la precariedad laboral se han vuelto ya no pragmáticos o utilitaristas sino cobardes y acomodaticios. Y el fracaso de ZP es el fracaso de aquellos votantes y militantes del PSOE que han justificado las reformas laborales y los recortes sociales impuestos por la dictadura de los mercados. Es, en definitiva, el fracaso de la progresía de salón, que Alberto Olmos prefiere llamar “la progresía de los simulacros“, entre cuyos más significativos representantes cabe incluir a Elena Salgado, ministra de Economía a quien la historia recordará por no haber sido capaz más que de hacer los deberes impuestos por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional.

España está a la cola de la Europa de los quince en gasto público social por habitante, y como viene recordando a menudo Vicenç Navarro en sus artículos, es el país de la UE que menos riqueza reparte a los trabajadores en relación a su productividad. Además, los ingresos en concepto de impuestos del Estado español son de los más bajos de la eurozona, representando solo un 34% del PIB, en comparación con el 44% de promedio de la UE-15 y muy por detrás del 54% de Suecia. De modo que Elena Salgado, al margen de obedecer órdenes, tal vez podría haber tratado de llevar a cabo políticas fiscales más progresivas que las vigentes con objeto de hacer converger la economía española con las socialdemocracias más avanzadas y eficientes de Europa. También podría haber ofrecido aunque solo fuera una mínima señal de valentía frente a las imposiciones externas de los mercados o mostrado siquiera un poco de voluntad para defender las políticas sociales que supuestamente dan sentido a la propia existencia del PSOE. O al menos podría haber evitado sumarse a los antidemocráticos ataques al referéndum que en Grecia ha querido organizar Papandreu pero ni eso podemos esperar de alguien que solo sabe hacer mandados.

El neoliberalismo se ha enquistado con tal fuerza en las instituciones económicas que verdaderamente es muy difícil para cualquier político de izquierdas poner en marcha planes socialdemócratas o keynesianos. Pero es que durante los últimos años, todo ha sido en España un pusilánime ejercicio de sumisión y también de ineptitud macroeconómica. Es difícil entender que un gobierno socialista pueda haber eliminado el impuesto sobre el patrimonio para recuperarlo a la desesperada años después. Más difícil aún es entender la reforma de la Constitución hecha a toda prisa para priorizar el pago de la deuda pública sobre muchos otros asuntos verdaderamente más graves a efectos sociales, así como la precarización del empleo hasta los 33 años sancionada por reformas laborales que solo pueden calificarse como de traiciones gravísimas perpetradas contra la “O” de “obrero” que lleva el PSOE en sus siglas.

Desgraciadamente la progresía de salón está cada vez más extendida no solo en España sino por todo el mundo. Oskar Lafontaine dimitió en 1998 como ministro de Economía del primer gobierno de Gerhard Schröder cuando se dio cuenta de que sus planes de mejoras salariales y asistenciales jamás vencerían la resistencia de un gabinete supuestamente socialdemócrata que en realidad estaba dominado por la presencia mayoritaria de tecnócratas al servicio de la ideología neoliberal. Oskar Lafontaine prefirió levantar la cabeza y renunciar al falso socialismo de su jefe pero desgraciadamente OL viene a ser una excepción dentro del seno de los partidos mayoritarios de izquierda.

El caso de Robert Reich como ministro de Trabajo de Clinton es aún más significativo. RR quiso durante la primera legislatura de Clinton subir considerablemente el salario mínimo, propuesta que el presidente norteamericano descartó después de que Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal, así como un buen número de economistas relacionados con el establishment corporativo y financiero, le visitaran reiteradas veces en la Casa Blanca con objeto de convencerle para hacer oídos sordos a su ministro. Reich presentó su dimisión y a partir de entonces Clinton se dejó asesorar por una élite de economistas neoliberales encabezados por Robert Rubin, antiguo consejero delegado de Goldman Sachs, que ya como ministro de Economía terminó logrando la derogación de la ley Glass-Steagall, lo cual sirvió para que de inmediato los bancos empezaran a desarrollar y comercializar todos esos productos derivados del crédito que han terminado por intoxicar el sistema financiero internacional.

Barack Obama es el más célebre progresista de salón que ha dado últimamente el mundo de la política y por eso entre los miembros de su gabinete figuran los tecnócratas más sumisos con los intereses de la plutocracia corporativa y financiera de Washington, siendo el miembro estelar de entre todos ellos el propio Robert Rubin. Obama llegó a la Casa Blanca gracias al astuto uso de populistas discursos que engatusaron a los ciudadanos norteamericanos deseosos de cambio pero al hacer públicos los nombres de su equipo económico fue de inmediato evidente que tras sus mensajes aparentemente progresistas solo había escaparatismo electoralista.

Capítulo aparte de estudio merece el socialismo francés, aburguesado como el que más, tanto como para haber sido capaz de producir una notable subclase del género, “la gauche caviar”, con Dominique Strauss-Kahn a la cabeza del movimiento. Ed Miliband, por su parte, está siendo bastante tímido a la hora de volcar hacia la izquierda al Partido Laborista británico, que Tony Blair derechizó y prostituyó hasta cotas de vergüenza ajena, y que al igual que el Partido Demócrata norteamericano, probablemente está ya irremisiblemente alejado de sus auténticos fundamentos ideológicos.

En vez de andar paseándose por los foros internacionales y las reuniones G-20 sin hacer absolutamente nada más que sonreír en las fotos, Blair, Zapatero, Obama y tantos otros progresistas de salón bien podrían haber luchado a favor de los derechos de los trabajadores de todo el mundo para impedir que los productos fabricados en los países que no respetan los Derechos Humanos sigan invadiendo los mercados. También podrían haber hecho algo más por acabar con los paraísos fiscales o por frenar el proceso de especulación financiera que adultera precios y valores y que impone recortes a los estados sociales, así como por garantizar una verdadera justicia fiscal global que impida las desigualdades galopantes provocadas por la ideología neoliberal. Y por lo menos podrían dejar de dar lecciones de progresía a los demás, pero esto es algo que al parecer tampoco entra en sus planes.

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Hasta Keynes, el socialismo apelaba al buenismo para defender la redistribución de la riqueza. A partir de Keynes, el socialismo apela a la metodología de la ciencia económica para intentar demostrar que la mejora de las condiciones de renta de desempleados y de trabajadores ha de ser prioridad estatal no ya por razones éticas sino porque en realidad es la única manera de que el sistema capitalista funcione adecuadamente.

Para Keynes lo importante no era tanto la necesidad de crear empleo como la necesidad de estimular el poder adquisitivo de las clases populares. Cuando el capitalismo se encuentra en situación de contracción de la demanda agregada, el Estado ha de intervenir con mano firme en la economía, explicó Keynes, con objeto inmediato de conseguir que los parados y los obreros peor remunerados tengan más poder adquisitivo. Pero si el objetivo prioritario del Estado es la lucha contra el déficit, entonces lo que se consigue es justamente el efecto contrario, o sea empobrecer aún más a los ciudadanos con pocos recursos.

Además, para que las inversiones públicas tengan efectos contracíclicos, es decir para que estimulen eficazmente la economía en tiempo de crisis, han de estar planificadas al menos a medio plazo. De poco servirá invertir en infraestructuras públicas durante un periodo de dos años para de la noche a la mañana abandonar los estímulos contracíclicos y empezar a pegar tijeretazos presupuestarios, como ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero. Alfredo Pérez Rubalcaba ha dicho durante su campaña electoral que en caso de gobernar pondrá en marcha planes macroeconómicos de keynesianismo laboral pero como miembro destacado del gobierno de ZP su nombre solo puede de momento ser identificado con el keynesianismo chapucero.

En el curso de una conferencia, Keynes dijo que poner a la gente a cavar zanjas para luego taparlas podría ser una inversión estatal eficiente. Pero este famoso chascarrillo se ha sacado a menudo de contexto. Lo que Keynes quiso decir es que el Estado, en tiempos de crisis, tiene la necesidad urgente de crear y mejorar rentas salariales. Algunas de las obras públicas de Zapatero han sido realmente absurdas, cuando en tiempos de agencias de calificación y primas crecientes de riesgo, el gasto público, además de constante, tiene que ser eficaz y sobre todo transparente, cosa que no ha ocurrido con el Plan E, del cual apenas trascendió su montante neto, unos 50 mil millones de euros, que en vez de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores españoles apenas sirvieron para favorecer a unos cuantos beneficiarios.

Es imposible que los 50 mil millones del plan E pudieran llegar a estimular la economía como es imposible identificar a Keynes con Zapatero. Barack Obama lanzó por su parte en 2009 un plan de estímulo de 787 mil millones de dólares que también llegó a relacionarse en algunos medios con las teorías de Keynes. Parece una cifra abultadísima pero Paul Krugman (seguramente el keynesiano más mediático de la historia del pensamiento económico, a excepción del propio Keynes) ya advirtió en algunos de sus artículos del New York Times, y antes de la puesta en marcha de aquel plan que no sería efectivo al tener escasa envergadura contracíclica, al margen de esconder exenciones fiscales inútiles y populistas. El nuevo plan de estímulo económico presentado por Obama el pasado 23 de septiembre tampoco está en verdadera comunión con la esencia del pensamiento keynesiano y de todos modos será rechazado por la mayoría republicana en el Congreso norteamericano.

Hacer keynesianismo no equivale a realizar cualquier clase de inversión pública ni a crear cualquier clase de empleo público. Hacer keynesianismo es tener la voluntad firme de crear y mejorar rentas salariales. Keynesiano fue el New Deal que Roosevelt puso en marcha durante la Gran Depresión, plan que creó cerca de ocho millones de nuevos puestos de trabajo al tiempo que mejoró las condiciones salariales de los existentes, todo ello a partir de inversiones públicas masivas que resultaron sumamente eficaces además de firmes y transparentes.

Hay keynesianismos que Keynes habría aborrecido. Es el caso del keynesianismo militar, que ha llegado a vincular su nombre no solo con Ronald Reagan sino incluso con Hitler y Mussolini. Como bien ha reconocido Robert Skidelsky, el más célebre biógrafo de Keynes, en artículos como “Keynes for the 21st century”, la solución más auténticamente keynesiana en estos momentos sería poner en práctica una suerte de keynesianismo verde, que en realidad bien podría ser la solución a la Gran Crisis, como también sugiere en su último libro Jeremy Rifkin. Apliquemos estímulos económicos keynesianos en el campo de las energías renovables, dice Rifkin, para incrementar la demanda agregada al tiempo que para sentar las bases de la Tercera Revolución Industrial.

Jeremy Rifkin fue consejero de Zapatero, actividad que abandonó poco después de que el presidente del gobierno español decidiera dar un giro de 180 grados a sus políticas económicas, bajo presiones de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y los lobbies financieros, giro que redujo a la nada el estímulo contracíclico del Plan E, que a fin de cuentas viene a ser comparable con usar un crecepelos durante tres días en lugar de hacerlo durante los tres meses que al menos ha de durar un tratamiento mínimamente efectivo contra la caída del cabello.

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Quienes el pasado 15 de octubre salieron a las calles y plazas públicas en 951 ciudades de 82 países del mundo señalaron con el dedo a los grandes culpables de la Gran Crisis, algo que no se atreve a hacer el establishment político, periodístico y económico. En Estados Unidos, los manifestantes llamaron a ocupar Wall Street, mientras en Londres, Roma, Atenas o Madrid se concentraron para protestar ante las sedes de los bancos y de las empresas financieras.

Apuntar mejor es imposible. La libre empresa y la libre banca han creado este desastre y por eso los tres problemas fundamentales de las sociedades capitalistas actuales son la injusticia fiscal, la especulación financiera y la explotación laboral, problemas que lejos de ser debidamente afrontados cada día degeneran en más desigualdades económicas y gobiernos secuestrados por el poder del dinero.

Hay dos salidas a la crisis. La primera es confiar en el libre mercado y esperar a que el sector privado reactive la economía. Es la opción oficial. La opción que manda. La opción neoliberal. La opción que está fracasando. La segunda salida pasa por un fuerte intervencionismo del Estado a efectos de redistribuir la renta, acabar con la injusticia fiscal, la especulación financiera, y la explotación laboral, así como para poner el objetivo de creación de empleo por encima del objetivo de reducción de deuda. Es la opción socialdemócrata. La opción keynesiana. La opción que ya salvó en su día al capitalismo del desastre, como bien recuerdan varios historiadores económicos en el diario Público: Europa y Estados Unidos ignoran la lección del crash del 29.

Estados Unidos es el país más afectado por la intoxicación periodística neoliberal, de modo que no es de extrañar que las primeras grandes movilizaciones ciudadanas en tiempos de la Gran Crisis fueran las del Tea Party, movimiento estatofóbico que centra sus reclamaciones en pedir menos intervencionismo gubernamental en la economía. Para los del Tea Party, las disfunciones del libre mercado y la avaricia del sector privado no tienen responsabilidad alguna en todo esto.

El Estado incurre en despilfarro público, adjudicaciones opacas, contrataciones a dedo, sobrepagos y corruptelas, pero con sus defectos ha de jugar un papel imprescindible en la economía, sobre todo para impedir que el sector financiero privado se dedique a vender productos tóxicos capaces de poner a todo el sistema capitalista al borde del colapso, así como para exigirle al sector productivo que deje de tercermundializar el trabajo.

La iniciativa privada lo que quiere es contratar mano de obra en países con bajos costes laborales, siendo el caso de Telefónica muy significativo en este aspecto. El caso de Telefónica demuestra que las grandes empresas, incluso aunque disfruten de considerables ganancias, no están creando empleo ni piensan hacerlo. A pesar de haber conseguido en el año 2010 unos beneficios superiores a los 10.000 millones de euros, Telefónica inició a principios de año un proceso de despidos que va a terminar poniendo en la calle a más de 6.000 empleados, con el agravante añadido de que sus directivos están repartiéndose un suculento botín de unos 450 millones en concepto de bonificaciones.

Lo que le interesa a los directivos de Telefónica es prejubilar a sus empleados para contratar mano de obra nacional precaria o deslocalizar puestos de trabajo al Tercer Mundo. Nadie les meterá en la cárcel porque solo están siendo fieles a los fundamentos básicos del libre mercado. Telefónica es además una empresa pública que fue privatizada en 1997 y que sin embargo ha mantenido la propiedad sobre el cableado telefónico ya instalado, de modo que gran parte de sus beneficios son consecuencia directa de inversiones costeadas en su día por los contribuyentes.

En medio de una gravísima crisis social que ha elevado el paro en España al 21% de la población activa, tendría que haber en estos momentos un intenso debate en torno a si un país democrático y moderno puede sentirse orgulloso de empresas como Telefónica. Pero no cabe esperar de Rajoy y Rubalcaba que vayan a mencionar siquiera este particular en sus campañas electorales, del mismo modo que no cabe esperar de los periodistas y economistas que más salen en las tribunas públicas que vayan a hablar de la destrucción y precarización de empleo que vienen practicando con plena alevosía las cúpulas directivas de ésta y otras compañías privadas, hayan o no hayan sido antes de propiedad pública.

En Estados Unidos el problema es parecido. “Tenemos que empezar a trabajar para reducir las disparidades de renta”, ha dicho Eric Cantor, líder de la mayoría republicana en el Congreso estadounidense. Es una buena noticia que los políticos de derechas empiecen a reconocer que la riqueza está cada vez más concentrada en pocas manos y que algo hay que hacer para evitarlo. No tan buena noticia es que Jeffrey Immelt sea el presidente del Consejo de Trabajo y Competitividad de la Administración Obama. ¿Cómo puede este señor asesorar a ningún gobierno en materia de creación de empleo siendo presidente de General Electric, una de las multinacionales que más puestos de trabajo han deslocalizado hacia países con bajos costes laborales en los últimos años?

Con las enormes plusvalías que ingresan las grandes compañías privadas gracias al hecho de tercermundializar el empleo encima se permiten el lujo de comprar favores políticos y eso explica que Barack Obama incurra en nombramientos como el de Immelt, además de seguir echando balones fuera antes que ordenar una investigación realmente seria sobre la responsabilidad de los ejecutivos de algunos bancos y empresas financieras en la crisis económica.

Los estados podrían, además de hacer algo para evitar el problema de la deslocalización laboral y la compra de prebendas políticas, así como la impunidad legal de los altos financieros, cobrar impuestos a los grandes capitales en vez de pedirles dinero prestado, o por lo menos no prestarles dinero para que luego ellos impongan condiciones usureras en sus préstamos a los gobiernos con problemas de insolvencia. También podrían los estados encontrar fórmulas económicas globales justas que no las injustas congelaciones salariales y recortes sociales ordenados en función a propuestas neoliberales.

El neoliberalismo económico es una retrodistopía social. Quiere llevarnos de vuelta al siglo XIX, cuando el rico apenas pagaba impuestos para que el Estado policial y militar protegiera su patrimonio personal. Quiere destruir el Estado del Bienestar, que es uno de los mejores inventos del siglo XX y de toda la historia de la Humanidad. Quiere ver de nuevo al obrero siendo explotado con toda impunidad. Además, el neoliberalismo es un meme vírico capaz de contaminar incluso a los partidos de izquierdas.

Adam Smith, aparte de todo eso de la mano invisible y la benevolencia del egoísmo privado del panadero y el carnicero, también dijo que el Estado tiene tres principales responsabilidades fundamentales para el buen funcionamiento del libre mercado, según escribió en “La riqueza de las naciones”. La primera responsabilidad del Estado es proteger a la ciudadanía del crimen así como de las agresiones externas. La segunda responsabilidad del Estado consiste en realizar inversiones oportunas y eficientes en materia de obras públicas. La tercera responsabilidad del Estado es “la obligación de proteger a cada uno de los miembros de la sociedad de la injusticia y la opresión que puedan recibir de otros miembros de la misma.”

El Estado ha dejado al ciudadano desprotegido frente a las mismas instituciones financieras que en su día fueron ayudadas con el patrimonio social y que ahora tienen vía libre para especular con las deudas públicas. El Estado ha dejado al ciudadano desprotegido frente a aquellas empresas productivas que en su día fueron públicas y ahora se dedican a declarar beneficios en paraísos fiscales al tiempo que a contratar mano de obra en infiernos laborales. El Estado ha dejado al ciudadano desprotegido frente a los poderes económicos que con apenas una pequeña porción de sus excedentes de beneficios pueden permitirse el lujo de participar activamente en la toma de decisiones políticas.

La tercera responsabilidad del Estado liberal es una responsabilidad crucial pero olvidada.

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El Plan de Empleo Rural, más conocido como PER, fue establecido en 1986 por el gobierno de Felipe González y concede a todos aquellos jornaleros de los campos de Andalucía que hayan trabajado un mínimo de 35 jornadas (o peonadas, como se dice en el argot agrario) el derecho a percibir seis meses de subsidio de desempleo.

La derecha española siempre ha hablado pestes del PER porque aparentemente estimula la vagancia además de dar lugar a fraudes, ya que hay gente que declara peonadas falsas o que trabaja de forma ilegal mientras percibe el subsidio. Josep Antoni Duran i Lleida, diputado y secretario general de Convergència i Unió, ha sido el último en criticar el PER porque a su juicio viene a crear una cultura del subsidio que permite a los andaluces “pasar la mañana en el bar”.

Escribe sin embargo el siempre lúcido Ignacio Escolar en “Duquesas y jornaleros” que la esencia de la cuestión es “que en el siglo XXI la mayor terrateniente del país siga siendo la titular de la casa de Alba, una familia feudal que es la más grande de España desde los tiempos de la reconquista. ¿Qué tipo de sociedad permite que el reparto del botín de las guerras medievales sea, seis siglos después, uno de los factores económicos más determinantes?”

María del Rosario Cayetana Paloma Alfonsa Victoria Eugenia Fernanda Teresa Francisca de Paula Lourdes Antonia Josefa Fausta Rita Castor Dorotea Santa Esperanza Fitz-James Stuart y de Silva Falcó y Gurtubay, nombre completo de la titular de la casa de Alba, y poseedora, según el Libro Guiness, de más títulos que ningún otro noble en el mundo ante un gobierno vigente que los reconoce, posee efectivamente cerca de 34.000 hectáreas cuyo origen data de la Edad Media.

Dejando a un lado la forma en que estas tierras fueron en su día privatizadas por los antecesores de la cinco veces duquesa, dieciocho veces marquesa, veinte condesa, vizcondesa, condesa-duquesa y condestablesa, además de catorce veces Grande de España, escrito Grande con mayúscula, es evidente que las rentas generadas por la explotación agraria de semejantes predios han permitido a esta honorable señora ampliar su extraordinaria fortuna, que en gran parte se debe al sudor de numerosas generaciones de trabajadores obligados a cumplir con las leyes de los antiguos señoríos jurisdiccionales, leyes por las cuales la plebe estuvo durante siglos condenada a regalarle a la nobleza terrateniente una parte desproporcionada de su esfuerzo campesino.

No es cosa de ponernos ahora a expropiar las riquezas de la Casa de Alba y pasar por la guillotina a sus herederos pero un Estado mínimamente moderno y progresista está obligado, como herramienta que ha de ser de instrucción de justicia social, a cobrar impuestos a todas las grandes rentas y patrimonios con objeto, entre otras cosas, de reparar las disfunciones sociales heredadas del pasado, de modo que la gente que no tenga tierra ni empleo pueda simplemente evitar la indigencia. Eso es todo. No es mucho pedir.

No solo los políticos de derechas sino muchas personas de bien creen que los beneficiarios del PER son unos caraduras que prefieren pasar la mañana en el bar y en consecuencia muchos trabajos agrarios en Andalucía son desempeñados desde hace varios años por inmigrantes africanos. Sin embargo, el problema es que los propietarios de las tierras, al margen de cómo las hayan adquirido, puedan ofrecer a los trabajadores condiciones laborales lamentables y sueldos miserables.

Cuando los antisistema decidieron acampar en las plazas públicas, muchos tertulianos de la televisión exclamaron: “!No veo a ninguno pedir trabajo!” Hombre, pues claro que no. Precisamente el trabajo mal pagado es el principal responsable de la Gran Crisis y afortunadamente el precariato español se ha dado cuenta de que trabajar por sueldos submileuristas no solo es una vergüenza social sino un escarnio macroeconómico.

La garantía mínima de ingresos es necesaria para salvaguardar el respeto económico y social que se merece cualquier ciudadano, por improductivo que sea, además de para estabilizar el consumo básico de la comunidad, para erradicar la explotación laboral que está convirtiendo el capitalismo globalizado en un sistema socialmente insostenible, y también, de paso, para acabar de una vez por todas con esa estúpida idea puritana de que las personas necesitamos de un estímulo exterior para ponernos a funcionar.

El problema esencial no es el Estado del Bienestar. El problema esencial es el trabajo que aliena, atonta, humilla y desmoraliza al individuo, y la incapacidad del capitalismo de ofrecer a todos los ciudadanos oportunidades dignas para producir o crear. Nadie quiere pasarse la vida ganando apenas 400 euros al mes, que es lo que cobran los beneficiarios del PER. Nadie quiere tampoco pasarse la vida rascándose la barriga.

Tampoco nadie va a contentarse con los 640 euros que en estos momentos es la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos establecida en el País Vasco desde el año 2008. Tomando como ejemplo los modelos asistenciales de los países europeos más avanzados en materia de protección social, el gobierno vasco destina la RGI a las personas que no ganan lo suficiente como para hacer frente a sus necesidades básicas. Para acceder a la RGI tienes que encontrarte en paro, al margen de estar empadronado en el País Vasco, y en el momento en que aceptas un trabajo debes renunciar al cobro de la prestación. La RGI se ha comparado con la Renta Básica pero hay diferencias muy importantes. La RB, en caso de que algún día fuera establecida en alguna parte, vendría a ser percibida por todos los ciudadanos independientemente de que uno tenga o no trabajo e incluso voluntad o no de trabajar.

Esta diferencia es muy significativa porque los subsidios condicionados crean fraudes y problemas burocráticos, y el Servicio Vasco de Empleo Lanbide ha hecho público hace unos días un informe que da cuenta de prácticas tramposas entre los beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos. Cuando los inspectores de Lanbide trataron de contactar con las personas que perciben la RGI para ofrecerles un empleo resulta que la mitad de ellos o bien no daban señales de vida o bien directamente manifestaban no estar interesados en ponerse a trabajar. Pero el problema esencial en cualquier caso no es el sueldo de Diógenes. El problema esencial es la penosa calidad de los trabajos que desgraciadamente en estos momentos tanta gente está obligada a aceptar (o a rechazar en caso de percibir algún subsidio).

Aparentemente puede parecer que los ingresos ciudadanos garantizados por el Estado fomentan la improductividad además de despilfarrar recursos públicos pero el meollo de la cuestión es la explotación laboral y el hecho de que el capitalismo neoliberal esté muy lejos de alcanzar no ya el pleno empleo sino la plena creatividad humana.

El acoso al Estado del Bienestar es una de las principales características del neoliberalismo. Sin embargo, las ayudas sociales habría en todo caso que reformarlas, universalizarlas y mejorarlas, nunca suprimirlas, porque suprimirlas es lo mismo que olvidar las injusticias propias del sistema hereditario de propiedad privada, y es olvidar que desmantelar el Estado del Bienestar es volver al darwinismo social del siglo XIX, y es olvidar que sin protección social y redistribución de la riqueza, la indignación se transforma en revolución, y es olvidar que sin salario mínimo y derechos laborales el trabajador está abocado a la explotación, y es olvidar que el ciudadano sin patrimonio, desprotegido ante el capital, no tiene más remedio que aceptar cualquier condición laboral, por penosa que sea, y es olvidar que los países con amplia asistencia social, sindicatos fuertes y salarios mínimos elevados, disfrutan de las economías más sólidas y estables de toda la historia de la Humanidad.

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Cuando se estudie esta crisis en el futuro, los profesores de economía tendrán que explicar a sus alumnos por qué el Banco Central Europeo se dedicó durante varios años a dar créditos al 1% de interés a los bancos comerciales para que estos a su vez prestaran dinero a los estados al 4% o más.

La historia de la Humanidad es la historia de la manipulación de la Historia así que seguramente a los alumnos de las universidades de Economía del futuro sus profesores les contarán cualquier cosa dependiendo de cuál sea la sabiduría convencional del momento pero lo cierto es que la Unión Europea es un engendro de la tecnocracia neoliberal, o en otras palabras, un fracaso de la ideología monetarista. A partir de aquí podemos explicarnos el caos económico en el que está sumida desde hace ya bastante tiempo la comunidad monetaria europea.

El Banco Central Europeo nació en 1999 con el principal objetivo de controlar los precios y la oferta monetaria de los países adscritos al eurosistema y si permite que los países miembros de la UE tengan que financiarse en los mercados al interés que imponen los especuladores es porque sus propios estatutos prohíben al BCE financiar a los gobiernos directamente o comprar deuda en el mercado primario. Por eso el BCE solo está comprando bonos soberanos en los mercados secundarios.

El objetivo fundacional del Banco Central Europeo no es servir los intereses ciudadanos sino los intereses monetarios y uno de sus últimos informes asegura que “la recuperación económica pasa por un aumento de la competitividad, lo cual exige un descenso del nivel salarial y la protección social.” Así que en vez de poner freno a los ataques contra las deudas públicas, el BCE prefiere empobrecer a los ciudadanos europeos.

Si la Unión Europea fuera algo más que una comunidad monetaria, su banco central tendría como misión prioritaria el beneficio social y por tanto trataría de impedir que los países con apuros económicos tengan que pagar a los mercados financieros elevadas primas de riesgo. Muy al contrario, el Banco Central Europeo se dedica a enviar cartas secretas a los gobiernos de Berlusconi o Zapatero para que estas dos marionetas del establishment financiero reformen las constituciones de sus países a gusto de banqueros y grandes inversionistas.

El ex secretario de Hacienda alemán Jürgen Stark es “el halcón del déficit cero”, como le han llamado en algunos medios europeos. A primeros de septiembre presentó su dimisión como economista jefe del BCE por su oposición a la compra de bonos soberanos de Italia y España. Stark representa la línea más dura de rechazo a la emisión de deuda conjunta. Sus teorías antinflacionistas son las que hasta el momento se han impuesto en Europa. Angela Merkel comulga plenamente con él y por eso protege a toda costa la moneda común al tiempo que apuesta radicalmente por una financiación de la deuda independiente para cada país.

Tras el nacimiento del euro, los países más fuertes tienden al superávit mientras los países más débiles tienden al déficit. No es casualidad. Tampoco es casualidad que la sede del BCE esté en Frankfurt ni que todos sus economistas jefes sean siempre alemanes. Los eurobonos significarían el fin de los diferenciales de rating y eso es algo que en principio a Alemania no le conviene pues en estos momentos la financiación de sus gastos públicos no está sujeta a la especulación usurera de los mercados.

Pero la dimisión de Stark y la aceptación cada vez más generalizada de los eurobonos entre los miembros de la Comisión Europea presagian cambios. Todo el mundo empieza a darse cuenta de que esto no va bien y de que algo urgentemente hay que hacer de inmediato porque los intereses alemanes pueden volverse en contra ya no solo de Europa sino de la propia Alemania. A todo esto, el próximo 1 de noviembre Mario Draghi reemplazará a Jean Claude Trichet como presidente del BCE, lo cual no parece ser precisamente una buena noticia teniendo en cuenta que Draghi fue vicepresidente europeo de Goldman Sachs, el banco de inversión más depredador y despiadado de toda la historia del capitalismo.

La tesis dominante en el Banco Central Europeo es que los países del sur de Europa tienen altos diferenciales de riesgo de insolvencia en relación a Alemania al ser sus ciudadanos poco productivos, especialmente los funcionarios del sector público. De modo que permitir ahora a Grecia, España, Portugal o Italia renegociar sus deudas públicas con eurobonos implicaría transferir privilegios crediticios de las economías solventes a las insolventes, lo cual significaría a su vez premiar a los ineficientes para castigar a los eficientes.

En la teología neoliberal hay un infierno capitalista que es la insolvencia y un castigo que es la ruina y un pecado que es la falta de competitividad y por eso la economía puritana quiere hacernos creer que esta crisis se soluciona con más trabajo al tiempo que con peores salarios, recortes públicos y planes de austeridad. Así lo ve Paul Krugman: “Lo que sucede es que el BCE se vio inmediatamente bajo la extrema presión de los moralizadores, que odian la idea de permitir que los países se libren del castigo por sus supuestos pecados fiscales”.

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O subimos los sueldos a los obreros o a ver cómo vendemos coches. Lo dijo Henry Ford cuando los Estados Unidos intentaban salir de la Gran Depresión pero en tiempos de la Gran Crisis la tendencia generalizada es bajar salarios, lo cual está reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores hasta el punto de colapsar el sistema.

Arrebatados por el fetichismo de la exportación, casi todos los gobiernos han favorecido la contracción del gasto salarial con objeto de ganar competitividad en el mercado exterior, descuidando la demanda interna. A todo esto empiezan a llegar significativas noticias de China y Alemania, países netamente exportadores. Los datos recientes de la economía alemana muestran un frenazo en seco de su crecimiento, que ha pasado del 1.8% en el primer trimestre del año al 0.1 en el segundo. En cuanto a China, su economía sigue creciendo a buen ritmo (alrededor del 9%) gracias al hecho de dominar el mercado mundial de mercancías baratas pero aun así este año sus exportaciones han experimentado una baja de tres puntos porcentuales.

La debilidad de los principales mercados de exportación se irá acentuando a medida que avancen en todo el mundo las medidas de ajustes fiscales que implican recortes no solo en los salarios directos de los trabajadores sino también en los indirectos que todos percibimos vía Estado del Bienestar. Por eso dice en esta interesante entrevista Nouriel Roubini, economista célebre por ser uno de los pocos que predijo la Gran Crisis, que “Marx tenía razón. Llegado un punto, el capitalismo puede autodestruirse, porque no se puede seguir trasladando ingresos del trabajo al capital sin sufrir un exceso de capacidad y una falta de demanda agregada”.

El diagnóstico marxista de las patologías básicas del capitalismo es impecable. Marx observó perfectamente cómo la estructura del sistema tiende a la autodestrucción. Antes que él, Simonde de Sismondi ya había analizado de forma parecida las contradicciones suicidas del capitalismo, contradicciones que hoy vienen a ser más evidentes que nunca.

Cuando todos los empresarios reducen costes de producción para mejorar en competitividad al final lo que surge es una masa de asalariados precarios que producen mucho más de lo que pueden comprar. Y cuando Angela Merkel se empeña en que toda Europa ponga en marcha reducciones salariales lo que finalmente consigue es empobrecer a los clientes de los productos alemanes y consecuentemente perjudicar a la larga la economía no solo de la periferia de la UE sino también de Alemania.

Las contradicciones del capitalismo se acentúan estos días en la economía productiva y también en la financiera pues obedeciendo asimismo a la lógica microeconómica de la maximización del beneficio, los bancos y fondos de inversión encarecen el coste de la deuda de los estados hasta el punto en que estos no pueden hacer frente al pago de los intereses. Los gobiernos imponen entonces planes de ajuste para poder pagar a los bancos acreedores pero los planes de ajuste generan más desempleo y reducciones de sueldos, de modo que los ingresos públicos disminuyen. Esta espiral autodestructiva lo que termina creando es una deuda pública cada vez más cara y cada vez más grande.

Si finalmente un país en apuros, caso de Grecia, se declara en suspensión de pagos, también se verán perjudicados los propios bancos y fondos de inversión. Estamos ante un nuevo episodio de la vieja fábula de la avaricia que rompe el saco. Así es como el principio capitalista de maximización de intereses termina volviéndose en contra del capital.

Vamos derechos hacia el supercapitaclismo a no ser que se produzcan cambios drásticos en las políticas económicas mundiales. Como dice el sociólogo Alain Touraine, o se encuentran nuevas formas de frenar los excesos autodestructivos del capitalismo o el descontrol existente podría no solo arrasar con todos los avances sociales en materia de Estado del Bienestar y Derechos Humanos sino incluso poner en peligro la propia existencia de la civilización humana.

Pero los periodistas, políticos, empresarios o economistas que frecuentan las tertulias televisivas siguen obsesionados con los recortes, la austeridad, los ajustes fiscales y demás tótems de la economía moralizadora. Algunos de ellos han calificado de antisistema a los indignados cuando mucho más antisistema es en estos momentos el propio sistema.

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Parece mentira que el mejor periodismo televisivo en España lo esté haciendo El Follonero. Su reciente reportaje sobre la Fundación Qatar confirma que el Fútbol Club Barcelona va a embolsarse 165 millones de euros para mejorar su plantilla a costa de ayudar al lavado de imagen de una dictadura que desprecia la Democracia y los Derechos Humanos no solo de las mujeres y los homosexuales, sino también de los trabajadores inmigrantes. (éste es el enlace de YouTube por si queréis ver el reportaje)

En la vida he visto jugar mejor al fútbol que al Barça de las últimas temporadas y es una pena por eso que sus directivos vayan a desprestigiar la ilustre camiseta azulgrana con el logotipo de una institución de siniestro funcionamiento que entre otras cosas otorga becas de estudio con el nombre de Al-Qadarawi, un islamista radical defensor del Holocausto nazi y el maltrato a las mujeres.

Qatar es una dictadura que desprecia de forma especialmente vergonzosa los Derechos Humanos de miles de inmigrantes procedentes de India o Bangladesh, inmigrantes que ganan sueldos miserables y carecen de derechos sindicales. En el reportaje de El Follonero aparecen dos ejecutivos catalanes del Barça Fan Club de Qatar a quienes pregunta por las penosas condiciones en las que trabajan los obreros extranjeros. “Peor están en sus países”, dice uno de ellos con la avenencia del otro. La vieja y lamentable excusa de siempre para justificar la explotación repugnante de la clase obrera.

El entrenador Pep Guardiola ha dicho que “en todas partes hay injusticias” y el presidente Sandro Rosell que “sin la Qatar Foundation, el Barça sería un club más pequeño”. Lo peor de todo es que la mayoría de los ciudadanos de las democracias occidentales harían exactamente lo mismo que ellos de estar en su situación.

Los Derechos Humanos y la Democracia se escriben con minúsculas porque están lejos de ser los valores absolutos de Occidente. Todo acto que implique alguna clase de vejación humana tendría que ser seriamente condenado por la sociedad y todo régimen sin Democracia y Derechos Humanos debería quedar marginado del libre comercio. El velo islámico es una violación de los Derechos Humanos de la mujer que las naciones democráticas occidentales deberían prohibir tajantemente. No puede haber tolerancia al respecto. Además tendríamos que defender los embargos comerciales siempre que se hagan extensibles a todos los dictadores y no solo a los que están en contra del libre mercado.

Hugo Chávez ha denunciado la semana pasada con motivo de la visita de Evo Morales a Venezuela a las instituciones internacionales que teóricamente deben vigilar por el cumplimiento de los Derechos Humanos. “En la práctica avalan la violación de los Derechos Humanos” –ha manifestado Chávez- “¡Es el mundo al revés, tal cual siempre ha dicho Galeano!”. El presidente venezolano tiene razón pero para ganar credibilidad en este asunto debería condenar el islamismo radical de su aliado Mahmud Ahmadineyad y exigir elecciones democráticas a su camarada Fidel Castro.

El Follonero es el único a quien puedo imaginar investigando sobre las fábricas subcontratadas por Inditex, una de las muchas empresas que en los últimos años han alardeado de cumplir las pautas de la Responsabilidad Social Corporativa. Sería un buen reportaje porque según informes realizados por la Campaña Ropa Limpia, red internacional de ONGs, sindicatos y organizaciones de consumidores dedicada a presionar a las empresas textiles para que fabriquen sus productos en condiciones laborales dignas, todas las iniciativas de Inditex en materia de RSC han sido de mero lavado de cara, caso de la indemnización a las víctimas del derrumbamiento de una de las fábricas del sur asiático subcontratadas por el emporio de Amancio Ortega. “Por lo demás no ha habido una modificación sustancial en su modelo de negocio que ayude a mejorar las condiciones laborales en su cadena de producción”, afirman los documentos de la Campaña Ropa Limpia.

Además de las denuncias de la CRL, Zara, principal firma de la cadena Inditex, acaba de recibir este verano una larga serie de actas de infracción de las normas laborales del Ministerio de Trabajo de Brasil. La demostrada insalubridad en los centros de trabajo subcontratados por Zara así como el hacinamiento de los empleados y el pago de salarios de miseria no han debido sin embargo perturbar el sueño de Amancio Ortega, el hombre más rico de España, que seguirá encontrado mano de obra barata en muchas partes del mundo, al tiempo que a través de SICAVS y paraísos e ingenierías fiscales ni siquiera se verá obligado a realizar onerosos desembolsos en concepto de impuestos.

Las tres grandes agencias de calificación del riesgo de insolvencia salen todos los días en los medios de comunicación. Sus informes son capaces de reformar constituciones políticas y legislaciones laborales. ¿Pero por qué no hay agencias de calificación del respeto a la Democracia y los Derechos Humanos que tengan al menos la misma repercusión, influencia y poder que Moody’s, Fitch o Standard & Poor’s?

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Ahora que el patrimonio y el sueldo de los políticos españoles han empezado a ser públicos y de libre consulta, sabemos que el presidente Zapatero gana un sueldo bruto mensual de 6.500 euros mientras el de sus ministros no pasa de 5.800. No me parecen en absoluto exagerados, sobre todo teniendo en cuenta lo que ganan los directivos en las empresas privadas. Tampoco me parecen escandalosas las diferencias salariales existentes en la Administración pública. Sí lo son, en cambio, en el sector privado, donde en algunos casos los obreros peor remunerados ganan hasta quinientas veces menos que los ejecutivos.

Pero el despilfarro público sigue siendo el chivo expiatorio de la Gran Crisis.

La Constitución española no se ha tocado desde su aprobación en 1978, siendo importantes los motivos que antes ha habido para hacer tal cosa. Por eso reformarla ahora a toda prisa con el único objeto de priorizar el pago de los intereses de los bonos soberanos sobre las inversiones sociales es una muestra más de que el gobierno español ha inclinado definitivamente la rodilla ante las presiones económicas de la Unión Europea, que a su vez nació con la rodilla inclinada ante los lobbies financieros.

Ojalá los tijeretazos en los presupuestos públicos tuvieran resultados positivos pero en Grecia no están sirviendo más que para acelerar la debacle de su economía, que este año decrecerá en cerca de menos 5.

De la deuda pública dicen los economistas que hipoteca a las generaciones venideras pero eso solo sería cierto en caso de que todo el gasto público fuera puro despilfarro. No es el caso de ningún Estado más o menos social. Si la deuda pública crece a costa de invertir en obras y servicios públicos, entonces las generaciones venideras no pueden salir perjudicadas sino todo lo contrario.

El gasto público está destinado al beneficio social (en caso de estar bien gestionado), mientras que el gasto privado está destinado al beneficio individual. Por eso cuando los economistas comparan a los gobiernos con las familias incurren en un paralelismo erróneo. Yo no conozco a ninguna familia que pueda emitir moneda o subir impuestos. Ninguna familia va a invertir en bibliotecas, hospitales, colegios o infraestructuras públicas. Tampoco conozco a ninguna familia que tenga un banco central o el patrimonio que tienen los estados (aunque al paso que vamos puede que algunas pocas familias terminen siendo más poderosas que los bancos centrales y que los propios estados.)

John Maynard Keynes aplicó la lógica contraeconómica a la hora de explicar la paradoja del ahorro y de los superávits. El ahorro y los superávits son indiscutiblemente buenos si su principal objetivo es la precaución contable o el bienestar de la ciudadanía. Pero son indiscutiblemente malos si están motivados por la avaricia, la especulación o la compra de poder político.

Según la teoría keynesiana, si el Estado aumenta la deuda para construir obras y servicios públicos lo que consigue en una crisis como ésta es poner a trabajar a miles de parados, reactivando el consumo y la producción. En unos cuantos años aumentarán las recaudaciones fiscales, transformándose finalmente el déficit en superávit. En tiempos de la Gran Depresión, el New Deal de Roosevelt demostró que Keynes tenía razón.

Pero en los años setenta, en medio de la contrarreforma monetarista y antikeynesiana, Arthur Laffer se ganó un influyente lugar en la política y la literatura económica de derechas tras dibujar en la servilleta de una cafetería de Washington una curva con la que intentó demostrar econográficamente que bajar impuestos significa aumentar el dinero en circulación y la inversión privada, y a largo plazo, las propias recaudaciones fiscales.

En el caso de Keynes, la reactivación económica debe provenir del aumento del gasto público. En el caso de Laffer, de la bajada de los impuestos.

Durante los primeros años de la Gran Crisis, Laffer ha disfrutado de más autoridad intelectual que Keynes. Pero desde hace unas semanas los gobiernos europeos han empezado a plantearse subidas de impuestos a las rentas más altas mientras en Estados Unidos el plan de estímulo económico presentado el viernes pasado por Obama viene a ser puro keynesianismo pro gasto público.

Por supuesto los republicanos van a tratar de impedir a toda costa que este plan salga aprobado en el Congreso. Los republicanos son fans de la escuela económica neoliberal que confunde el gasto público con el despilfarro público después de haberse pasado varias décadas fomentando, promoviendo, alimentando, nutriendo, cebando, engrosando, acelerando, excitando y avivando la deuda privada.

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En España es el precio del trabajo. En Chile, el precio de los estudios universitarios. En Israel, el precio de la vivienda. En Túnez y demás países del Magreb, el precio de los alimentos básicos. Todas las movilizaciones sociales de los últimos tiempos tienen que ver con la formación de precios abusivos o injustos en algún punto del sistema macroeconómico.

Con las revueltas veraniegas de Londres y otras ciudades inglesas pasa lo mismo. No han sido brotes repentinos de violencia callejera sin más. Han sido ataques de rabia colectiva por el encarecimiento del gas y de la electricidad unido al coste de los servicios asistenciales que ahora han de pagar los ciudadanos británicos una vez que el gobierno de David Cameron ha aplicado masivos recortes en concepto de gastos sociales.

Zapatero reforma la Constitución para evitar que suba el precio de los intereses de los bonos soberanos y los problemas de orden público entre laicos y católicos de este agosto pasado en las calles de Madrid están relacionados con el precio de la visita del Papa.

La fe ciega en el incremento constante del precio de la vivienda fue al fin y al cabo lo que terminó pinchando la burbuja inmobiliaria y provocando el terrible desorden inmediato de los mercados financieros. Lo que caracteriza por otra parte estos días a lo mercados bursátiles es la volatilidad mientras casi todas las divisas sufren caídas o rebotes temporales.

El precio es el resultado monetario de especular sobre el valor de uso de cualquier producto que se negocia en un mercado. Pero como dice Manfred Max-Neef en esta interesante entrevista, “los precios nunca dicen la verdad”. Max-Neef afirma además que uno de los problemas básicos del capitalismo es la incapacidad que constantemente demuestran los economistas para calcular los costes reales de los procesos de producción y distribución de bienes. Pero es que también ignoran los beneficios o perjuicios sociales de las inversiones pues entre otras cosas nunca han sabido reconocer el valor de una biblioteca pública ni restar del PIB las externalidades negativas que producen las industrias contaminantes.

La ciencia económica solo ha puesto énfasis en analizar la distorsión de precios que ocasiona el Estado. Ha olvidado en cambio que los precios deforman el valor real de los bienes, las empresas o las personas, desde el mismo instante en que son convencionalmente creados por la sociedad.

En el proceso de especulación de activos, los precios tienden a inflarse más allá de su valor real y por eso llegaron a costar las viviendas los precios abultados que mucha gente pagó antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Peor fue lo que pasó con los productos derivados del crédito que contaminaron todo el sistema bancario internacional.

De la crisis de los tulipanes a la de las puntocom, la historia de las euforias y pánicos financieros es la historia de aquellos mercados de valores cuyos precios se disparan de forma exagerada para de pronto caer y arrastrar al caos a todo el sistema económico. Semejantes burbujas de activos inflados suelen desencadenar crisis de confianza difíciles de frenar, pues al no encontrar con facilidad inversiones rentables, lo único que persiguen los capitales es refugiarse donde sea, como ha pasado en el caso del oro, cuyo precio durante los primeros siete meses del año aumentó un 35%, llegando a los 1.900 dólares por onza.

El alto precio actual del oro -que bien pensado no vale nada- está condenado a la inestabilidad en un escenario de inversiones deslizantes.

Todos los precios están interconectados y el precio del oro depende del precio del dinero y el precio del dinero depende del precio de las divisas y el precio de las divisas depende del precio del trabajo y el precio del trabajo depende de la deuda pública y el precio de la deuda pública depende del precio de la prima de riesgo y el precio de la prima de riesgo depende del precio del Estado social.

La Gran Crisis es una crisis del valor, o lo que es lo mismo, una crisis de adulteración masiva de precios.

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